El Gobierno nacional ha establecido medidas especiales en materia de procesos de insolvencia tendientes a que, en el marco de la crisis empresarial que sobreviene, se cuente con mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización empresarial que permitan la recuperación de las capacidades laborales, sociales, productivas y financieras de las empresas, y agilizar los procesos de liquidación judicial de las empresas para retornar rápidamente los activos a la economía de manera ordenada, eficiente y económica, con el fin de afrontar eficazmente la crisis empresarial generada por el COVID-19.
Dentro de las medidas generadas, se encuentran la creación de herramientas extrajudiciales de negociación incluidas en el Decreto Legislativo 560 de 2020 y la creación de procesos de insolvencia para pequeñas empresas y microempresas, de conformidad con el Decreto Legislativo 772 del mismo año, así:
Decreto Ley 560 del 15 de abril de 2020
El régimen de rescate empresarial se sustenta sobre 4 pilares que buscan mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los mecanismos de salvamento y recuperación aquí previstos.
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